- La iniciativa propone sanciones penales y administrativas contra actos de corrupción inmobiliaria a fin de frenar las ventas fraudulentas, cambios irregulares de uso de suelo y construcciones fuera de la ley
El diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone tipificar el delito de “Corrupción Inmobiliaria” en Baja California Sur, así como incorporar esta conducta como falta administrativa grave dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
En tribuna, Pérez Sánchez planteó que el alcance de la iniciativa es el de adicionar un artículo 291 Bis al Código Penal para el Estado de Baja California Sur, con el único fin de sancionar a servidores públicos o particulares que induzcan, faciliten o gestionen alteraciones documentales relacionadas con construcciones, uso de suelo, comercialización de inmuebles o edificaciones fuera del marco legal.
En la exposición de motivos, el promovente señaló que la propuesta surge ante el incremento de prácticas ilegales vinculadas al sector inmobiliario, como ventas fraudulentas, construcciones irregulares, despojos y actos de corrupción relacionados con autorizaciones, permisos y cambios de uso de suelo, acciones que afectan directamente el derecho de las familias sudcalifornianas a adquirir una vivienda digna.
En ese tenor, precisó que la reforma contempla sanciones de diez a veinte años de prisión y multas económicas para quienes incurran en estas conductas, así como prever agravantes cuando existan beneficios económicos directos o indirectos para funcionarios públicos, familiares, socios o terceros relacionados, e incluso la cancelación definitiva de licencias y registros para agentes inmobiliarios involucrados en este tipo de actos.
De igual manera, se plantea adicionar un artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para considerar la corrupción inmobiliaria como una falta administrativa grave.
Finalmente, el legislador destacó que el crecimiento poblacional y la demanda de vivienda en la entidad urgen fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio familiar en Sudcalifornia, principalmente para mujeres jefas de familia y adultos mayores, y del mismo modo combatir ilegalidades que generan desigualdad, desplazamiento y afectaciones al ordenamiento territorial.
